El resultado: en la actualidad no hay indicios fiables de que se esté produciendo un hacinamiento ilegal en las viviendas. Tampoco desde un punto de vista técnico existe por el momento ninguna necesidad concreta de intervenir. 

Las últimas medidas contra el hacinamiento se llevaron a cabo en el marco de operaciones policiales hasta 2017. Desde entonces no se han detectado casos de este tipo. Además, las opiniones recibidas de distintos ámbitos indican que, en general, la situación en el barrio se ha relajado. También se han recogido y examinado las indicaciones de la comunidad urbana. Sin embargo, hasta ahora no se han encontrado indicios concretos que justifiquen la adopción de medidas administrativas. Algunos de los hechos denunciados se refieren a otros ámbitos, como el uso indebido de locales, y se tratan por separado. 

El Ayuntamiento sigue aplicando un enfoque atento y, al mismo tiempo, diferenciado: se toman en serio las denuncias, pero al mismo tiempo se cuida de no juzgar de forma generalizada a los residentes. El objetivo sigue siendo actuar de forma consecuente ante infracciones concretas y, al mismo tiempo, fomentar la buena convivencia en el barrio.