La autoridad competente en materia funeraria interviene en los casos de fallecimiento en los que no existan familiares con la obligación de velar por el entierro o estos no lo organicen por su cuenta y dentro de los plazos legales. En tal caso, la autoridad competente adoptará las medidas necesarias en el marco de la prevención de riesgos para mantener la seguridad y el orden públicos.

Si una persona fallece en un centro (por ejemplo, una clínica o una residencia de ancianos) y no hay familiares con la obligación de enterrarla o estos no cumplen con dicha obligación, la dirección del centro correspondiente será responsable del entierro.