Las servidumbres urbanísticas son obligaciones de derecho público que incumben a los propietarios y propietarias de terrenos y que les obligan a realizar, tolerar u omitir determinadas acciones relativas a sus terrenos, que no se deriven ya de disposiciones de derecho público. De este modo, se permite la ampliación de la construcción o del uso de otro terreno.

Las servidumbres urbanísticas se asumen mediante una declaración por escrito dirigida a la autoridad de supervisión de la construcción. La firma debe estar certificada ante notario, haber sido realizada ante una oficina de catastro o ante la autoridad de supervisión de la construcción, o haber sido reconocida ante esta.

Las servidumbres urbanísticas surtirán efecto, sin perjuicio de los derechos de terceros, a partir de su inscripción en el registro de servidumbres urbanísticas. Las servidumbres urbanísticas subsisten incluso en caso de enajenación del terreno, por lo que son oponibles también a los sucesores legales.

La servidumbre urbanística se extingue mediante renuncia por escrito de la autoridad de supervisión urbanística. La renuncia deberá declararse cuando ya no exista un interés público en la servidumbre urbanística. Antes de la renuncia, se deberá oír al obligado o a los obligados y a los beneficiarios de la servidumbre urbanística. La renuncia surtirá efecto con la cancelación de la carga urbanística en el registro de cargas urbanísticas.

El registro de cargas urbanísticas es llevado por la autoridad de supervisión de la construcción. En el registro de cargas urbanísticas también pueden inscribirse otras obligaciones en materia de construcción que recaen sobre el propietario o la propietaria de un terreno en relación con una acción, tolerancia u omisión que afecte a su terreno, así como condiciones, plazos y reservas de revocación.

Quien acredite un interés legítimo podrá consultar el registro de cargas urbanísticas y obtener copias del mismo.