Las tres principales asociaciones municipales —la Asociación Alemana de Ciudades, la Asociación Alemana de Distritos y la Federación Alemana de Ciudades y Municipios— han convocado conjuntamente esta jornada de acción. Exigen al Gobierno federal y a los estados federados que actúen por fin con determinación y adopten medidas eficaces contra la crisis financiera municipal.

La situación financiera de las ciudades, los distritos y los municipios es dramática: el déficit municipal ascendió en 2025 a unos 30 000 millones de euros. Se trata de un máximo histórico, y la tendencia es al alza. Una de las causas principales es el aumento del gasto social, que los municipios están obligados a sufragar en virtud de la legislación federal y cuyo alcance y nivel de exigencia no han dejado de incrementarse en los últimos años. Las arcas municipales de Wiesbaden también se ven muy afectadas por el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Estado federado y el Gobierno federal. Por ello, ya en diciembre de 2023, el pleno municipal decidió exigir de forma sistemática, a través de la Asociación de Ciudades de Hesse, el cumplimiento del principio de conexidad por parte del Estado federado de Hesse.

«El Gobierno federal y el estado federado deben, o bien asignar menos tareas a Wiesbaden, o bien respetar el principio de conexidad. En pocas palabras, debe aplicarse lo siguiente: quien encarga, paga. Precisamente en el ámbito de las prestaciones sociales, como el derecho legal al cuidado infantil, la ayuda para cuidados o la ayuda a la integración, para Wiesbaden están en juego cantidades de tres cifras de millones que, de hecho, le faltan a la ciudad», afirma el alcalde Gert-Uwe Mende. «Por ello, nos sumamos a las reivindicaciones de las tres principales asociaciones municipales». 

La Asociación Alemana de Ciudades, la Asociación Alemana de Distritos y la Federación Alemana de Ciudades y Municipios instan al Gobierno federal y a los estados federados a que eliminen por completo el déficit de financiación municipal. Esto podría lograrse mediante una ayuda de emergencia anual, un aumento de la participación municipal en los impuestos comunes, así como las reformas necesarias en los sistemas de seguridad social. El principio de «quien encarga, paga» debería aplicarse con efecto inmediato a toda transferencia o ampliación de competencias por parte del Gobierno federal y de los estados federados, con una compensación financiera completa y dinamizada por todas las competencias que el Gobierno federal y los estados federados transfieran a los municipios.

«La crisis financiera municipal no es algo abstracto. Se percibe de forma muy concreta sobre el terreno. El Gobierno federal y los estados federados deben actuar para que el Estado local siga siendo capaz de actuar en beneficio de sus ciudadanas y ciudadanos», concluye Mende.