Como muchos otros municipios, la capital del Estado federado, Wiesbaden, tiene necesidad de vivienda y, por tanto, apoya las iniciativas privadas de construcción de viviendas. Sin embargo, las capacidades de las instalaciones de infraestructura social existentes pueden no ser suficientes para acoger a todos los niños y jóvenes recién llegados. La necesaria ampliación estructural de las instalaciones existentes o la construcción de nuevas instalaciones supone un enorme reto financiero para la capital del estado federado de Wiesbaden. El objetivo de la directriz WiSoBoN es, por lo tanto, permitir que los promotores del proyecto participen en los costes de provisión en una medida adecuada.

Para no sobrecargar financieramente a los promotores de proyectos y también para dejarles un incentivo de inversión para los proyectos de construcción de viviendas dentro del ámbito de esta directriz, se limita la carga financiera de los promotores de proyectos. Al menos un tercio del superávit del desarrollo de la zona logrado mediante la planificación (aumento del valor de mercado, una vez deducidos otros costes de desarrollo) debe permanecer en manos del promotor del proyecto o del propietario como incentivo a la inversión. El aumento del valor de mercado se calcula comparando el valor de la propiedad antes de la planificación (valor inicial, en función del estado real de la propiedad) y el valor de mercado tras la finalización de la planificación (valor final).

La medida en que se exige a los promotores del proyecto que participen en la construcción o ampliación de las instalaciones de infraestructura social existentes se determina en los contratos urbanísticos.

Como parte del desarrollo de suelo residencial, los promotores de proyectos también están obligados a proporcionar viviendas asequibles mediante contratos urbanísticos. El consejo municipal ha aprobado resoluciones separadas al respecto. La resolución de 20 de mayo de 2021 (resolución nº 0220) establece que para los proyectos de construcción de 40 o más unidades residenciales -adicionales-, en los que los derechos de construcción (residencial) son de nueva creación en virtud de la legislación urbanística, los promotores o propietarios de proyectos deben realizar al menos el 30 por ciento de las unidades residenciales de nueva creación como viviendas subvencionadas (para rentas bajas y medias de acuerdo con los canales de financiación con el fin de lograr una mezcla social equilibrada). Para las empresas con una participación municipal mayoritaria (directa o indirecta), el requisito de al menos el 40 por ciento de unidades de vivienda subvencionadas (para rentas bajas y medias de acuerdo con los canales de financiación con el fin de lograr una combinación social equilibrada) se aplica a todos los proyectos de nueva construcción con 40 o más unidades residenciales (adicionales). La distribución entre viviendas para rentas bajas y medias debe ser en una proporción de 2:1; se permiten desviaciones en casos justificados.

Esta normativa se aplica a partir de la fecha de la resolución, a menos que se aplique la normativa especial de la resolución complementaria del ayuntamiento nº 0706 de 16 de diciembre de 2021.